La regularización extraordinaria de personas migrantes que comienza formalmente esta semana no es la regularización del PSOE y de Podemos. Tampoco es la regularización de los demás partidos representados en el Parlamento, que la dejaron languidecer entre reproches mutuos. Ciertamente no es de los sindicatos –que la obstruyeron durante años y hasta el día de hoy– o del Partido Popular, que ha abierto una guerra pública contra ella a pesar de reconocer su pertinencia en cualquier conversación privada.
Por no ser, esta ni siquiera es la regularización del Gobierno, aunque sean ellos quienes hayan aprobado hoy el Real Decreto que la pone en marcha. Es la regularización de una sociedad movilizada, decente y sensata. Cuando este proceso incorpore a cientos de miles de personas a un estado de ciudadanía plena y les permita ejercer el conjunto de sus derechos y responsabilidades; cuando sus cuantiosas contribuciones fiscales financien el bienestar común; cuando rescate a niños y niñas de la pobreza; cuando apuntale nuestra seguridad sanitaria; cuando contribuya a generar más empleo y a distribuir a la población en beneficio de los territorios menos ocupados; cuando promueva, en fin, el verdadero orden migratorio al que aspiramos la inmensa mayoría de los españoles y españolas, esta regularización será la victoria de una sociedad que la ha peleado y que la ampara.
Durante casi cinco años, una coalición improbable de cerca de un millar de organizaciones de todo signo ideológico, lideradas e inspiradas por la comunidad migrante, consiguió la hazaña de impulsar en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) apoyada por 691.493 firmas de nuestros vecinos y vecinas. La ILP por la regularización fue un proceso largo, costoso y lleno de obstáculos que recuerda a las batallas más épicas de nuestra historia democrática. No solo demostró una extraordinaria capacidad de acogida y de acuerdo, sino también el poder de la sociedad civil organizada y el valor de la solidaridad y el sentido común frente al miedo y la división. El mundo entero ha vuelto su mirada a España para entender qué ocurre en un país que nada contra la corriente de odio y xenofobia que inunda al resto de países ricos.
Por eso, porque esta es una consecución común, nadie tiene derecho a apropiársela. Pero mucho menos a obstaculizar su adecuada puesta en marcha. Durante las próximas semanas las instituciones públicas y privadas de nuestro país se enfrentan a un reto mayúsculo. Centenares de miles de personas solicitarán la tramitación de un proceso administrativo que va a tensar las costuras del sistema. El Estado ha reforzado las capacidades de las oficinas responsables y habilitado una diversidad de canales de información y gestión a través de ONG, sindicatos y otros actores sociales. Una vez más, la prueba para el conjunto de la ciudadanía va a ser considerable y las dificultades constantes: las derivadas inevitablemente de un proceso burocrático masivo y las creadas por actores empeñados en que esta experiencia sea un fracaso.
No será fácil, pero desde porCausa no tenemos la menor duda de que este proceso va a ser un éxito. Y cuando haya concluido podremos mirar a los ojos de nuestros vecinos, compañeras y amigos, compartiendo el orgullo de una sociedad que, en este tiempo tan oscuro, supo estar en el lado correcto de la historia.
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