Sady tenía 15 años cuando no pudo ir a la excursión de fin de curso a Francia. No porque su madre no quisiera, sino porque sin documentación no podía cruzar la frontera. Daniel tenía 7 años cuando dormía con sus padres y sus dos hermanas en una sola habitación de un piso compartido en Barcelona. Moussa llegó solo a Melilla con 15 años, sobrevivió a la concertina de la valla y desde entonces sufría pesadillas que nadie trató. Ismail llevaba dos años en España queriendo estudiar y seguía sin estar escolarizado por estar en situación administrativa irregular.
Casos como estos representan a más de 147.000 niñas y niños que vivían en situación administrativa irregular en España, en 2021. Casi la mitad tenía menos de diez años. Tres de cada cuatro venían de América Latina. El informe «Crecer Sin Papeles» ofrece una fotografía única de la realidad de la infancia migrante que vive en España. Una situación que se traduce en una suerte de estado de excepción que antepone esta circunstancia a cualquier otra, incluyendo la condición de menores y la protección especial que merecen y marca la ley.
El informe documenta una fractura del sistema que afecta a la educación, la vivienda, la salud mental, el acceso a ayudas públicas y la protección judicial de los menores más vulnerables. Sin papeles, las familias quedan excluidas de prestaciones sociales, becas escolares, contratos de alquiler y atención sanitaria en condiciones de igualdad. A las niñas y los niños en esta situación lo acaba atravesando todo: el miedo, la pobreza y la discriminación.
Una situación tan injusta, como evitable: una regularización administrativa es la herramienta que puede dar protección a todos estos menores. Si quieres acceder al informe completo con datos y casos concretos, descárgalo de forma gratuita aquí:
