La regularización extraordinaria de personas migrantes, aprobada por el Gobierno en abril de 2026 y surgida de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP)respaldada por más de 600.000 firmas, se enfrentaba a varios recursos contencioso-administrativos presentados casi simultáneamente a su publicación en el BOE. Los impulsaron tres organizaciones -Hazte Oír, Asociación por la Libertad y Justicia y Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica-, junto a la Comunidad de Madrid y el partido Vox.
Tras celebrar cinco vistas en las que escuchó los argumentos de los cinco solicitantes y del Gobierno, que había pedido no frenar la medida, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anunció el pasado viernes 22 de mayo su decisión de no suspender la regularización.
Después de más de tres horas de deliberación, la Sala rechazó también admitir a trámite los recursos de las tres organizaciones, al considerar que no tienen legitimación para impugnar ante la Justicia. Sí admitió la de Vox y la Comunidad de Madrid, pero desestimó la suspensión cautelar del real decreto que ambos solicitaban.
El real decreto entró en vigor el 16 de abril con el objetivo de conceder permiso de residencia y trabajo a unas 500.000 personas que ya viven en España. Hasta la semana pasada, el Ejecutivo había recibido 549.596 solicitudes, de las cuales 91.505 han sido admitidas a trámite, lo que supone para estas personas la concesión de una autorización provisional para residir y trabajar en el país de manera regular.
Precisamente este dato fue uno de los argumentos empleados por la Abogacía del Estado para rebatir la acusación de que la norma permitía tramitar los expedientes de forma automática. Los solicitantes esgrimieron también el riesgo de colapso de los sistemas públicos en algunas regiones, como Madrid, ante el potencial incremento de usuarios del sistema sanitario, entre otros argumentos, algunos de ellos basados en bulos e información falsa.
Por su parte, el abogado del Estado defendió la medida como vía para lograr la integración de quienes ya residen en España a través de un proceso «especialmente limitado», con efectos positivos a medio y largo plazo en el crecimiento del PIB.
El aval y la continuidad del proceso son una buena noticia para él más de medio millón de personas que se beneficiarán de la norma, personas que ya viven y trabajan aquí pero que hasta ahora no existían para el Estado. El proceso de regularización sigue abierto hasta el próximo 30 de junio, puedes acceder a información útil sobre el proceso aquí.
