ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Este texto forma parte de La mirada de Gonzalo Fanjul.

Para ser completo, el análisis de la situación de Ceuta debe considerar tres perspectivas diferentes: lo que ocurrió ANTES de la llegada de los migrantes; la gestión y las implicaciones de la crisis AHORA; y las lecciones que todo ello ofrece para lo que ocurra DESPUÉS. Estas son las claves en cada una de estas tres perspectivas:

ANTES

1. Una crisis que no tiene un origen migratorio, pero que utiliza las migraciones como una eficaz arma arrojadiza: A medida que pasan los días vamos acumulando certezas acerca de cuáles fueron los desencadenantes de la movilización masiva de personas hacia Ceuta el pasado 30 de julio. La información disponible hasta ahora –como explicamos en la sección POR QUÉ SUCEDIÓ de este especial– sugiere que los factores internos y geopolíticos prendieron un movimiento que después fue espoleado por los intereses ajenos, la desinformación y la incompetente actuación de las autoridades de Marruecos y España. En medio de este jaleo, lo que sí sabemos es que ninguna de las medidas de política migratoria implementadas o sancionadas por las instituciones españolas –concretamente, la regularización de los meses previos y la sentencia del Tribunal Supremo acerca de la legalidad de los accesos por mar– estuvo en el origen de los cruces. A pesar de que esta información ha formado parte de la campaña de mentiras que han rodeado la crisis, si este supuesto “efecto llamada” se hubiese producido habría tenido lugar con mucha anterioridad. Como han probado procesos previos de regularización, las limitaciones y condiciones impuestas a este tipo de medidas anulan el incentivo a nuevas llegadas inmediatas.

Pese a todo, la crisis de Ceuta tendrá efectos tangibles y duraderos en las políticas migratorias de los países de la UE. La utilización de las personas migrantes como arma de presión política y combustible electoral adquiere toda su eficacia cuando los países atacados reaccionan de manera desproporcionada o respondiendo a incentivos perversos. Eso ha sido exactamente lo que ha ocurrido en el caso de la UE, que ha interpretado erróneamente este episodio como una razón para redoblar la apuesta por el mismo modelo migratorio equivocado que nos colocó en esta situación. 

2. Una tragedia en la que los migrantes son las víctimas, no los culpables: El despliegue de un lenguaje alarmante y belicista, así como la construcción de narrativas que deshumanizan a los migrantes y los convierten en invasores, nos llevan a olvidar quiénes han sido las principales víctimas de esta crisis: al menos 141 personas –muchas de ellas niños– perdieron la vida intentando acceder a territorio español. Aquellos que sí lograron hacerlo, víctimas de un engaño, son seres humanos protegidos por garantías fundamentales en un Estado de derecho como España. Eso no les blinda ante posibles repatriaciones –y, ciertamente, ante las consecuencias de actividades delictivas en nuestro país si estas se producen–, pero sí les protege de ejercicios de devolución masivos e indiscriminados que ignoren sus circunstancias individuales. Esto es cierto para los menores de edad, pero también para muchos adultos que tienen buenas razones para solicitar la protección internacional en territorio europeo, y cuyos casos deben ser considerados. Aunque la mayoría de los que accedieron a Ceuta son ciudadanos marroquíes, también está atrapado un grupo minoritario de personas procedentes de otros países africanos cuyas circunstancias bien pueden justificar esa protección. La Fundación porCausa y diversos medios internacionales han acreditado en múltiples ocasiones que las autoridades marroquíes detienen de forma arbitraria a personas negras, las encarcelan en condiciones infrahumanas y, finalmente, las abandonan en zonas desérticas. Esta práctica se lleva a cabo con equipamiento y entrenamiento suministrado por España y financiado por la Unión Europea.

3. Ningún gobierno sale bien parado en la prevención y gestión inicial de esta crisis: Más allá de las devastadoras consecuencias personales, esta crisis ha mostrado las costuras de todos los actores principales involucrados en ella: 

• Las autoridades de Marruecos actuaron de manera incompetente en la gestión de una situación en cuyo origen parecen haber estado involucrados, y que en todo caso se les fue por completo de las manos. Sobre todo, por la imagen lamentable de un régimen que lleva a su población a intentar abandonar de forma masiva y desesperada la miseria y el autoritarismo que lastran este país.
• El gobierno de España, por sus evidentes fallos de información y por la vulnerabilidad estructural de una estrategia de externalización del control migratorio que pone las fronteras en manos de actores poco fiables. Cuando estos han hecho uso de ese poder para forzar la posición de España, nuestros gobiernos (este y los anteriores, de ambos colores) han cedido de manera repetida, en una lógica cortoplacista que perpetúa esta dinámica perversa. 
• El resto de la UE, por la lamentable falta de solidaridad con un Estado miembro enfrentado a una crisis política y humanitaria de esta envergadura, y por la miopía de la ofensiva antimigración liderada por los gobiernos de Dinamarca e Italia (y apoyada por otros 20 Estados), que ha generado un peligroso precedente en las relaciones internas de la UE.
• Actores institucionales y no institucionales de EEUU, Israel y otros países, que han aprovechado la situación para atacar al que consideran un gobierno enemigo, debilitando aún más la estructura de reglas internacionales y alimentando una poderosa franquicia antimigración que se extiende como una peste por nuestros países.

En un panorama tan poco edificante –y a pesar de las constantes provocaciones de actores externos–, la sociedad ceutí y quienes la apoyan desde las instancias públicas y privadas están dando una lección de solidaridad, empatía y respeto a la diversidad que caracteriza a la Ciudad Autónoma. A pesar de todas las tensiones y dificultades, España es un país en el que los derechos fundamentales y la dignidad humana constituyen el punto de partida de la respuesta colectiva. 

AHORA

4. Ceuta enfrenta una crisis humanitaria que debe ser tratada como tal: La acumulación de un número estimado de entre 5.000 y 8.000 personas carentes de recursos y la obligada cobertura de sus necesidades básicas –el alojamiento temporal y la atención sanitaria y alimentaria, fundamentalmente– enfrentan a las administraciones locales a una presión que supera con mucho sus capacidades instaladas. La de Ceuta constituye una crisis humanitaria en toda regla que exige recursos extraordinarios, instituciones eficaces y una coordinación adecuada de un conjunto amplio de actores públicos y privados. Afortunadamente, España es un Estado plenamente operativo que cuenta con todas estas capacidades, como se demuestra regularmente en otras crisis que exigen la protección de la población civil, como las provocadas por incendios o inundaciones.  

5. El único recurso verdaderamente escaso está resultando ser la buena voluntad y el sentido común de algunos actores: Impedir la resolución rápida de esta crisis de acuerdo a las obligaciones jurídicas del Estado y a los valores de la sociedad española es la manera más directa de alimentar los intereses de quienes la provocaron o no la evitaron. Cuando se genera desinformación, se bloquea o dificulta la colaboración de las comunidades autónomas en el reparto de la responsabilidad de atención o simplemente se aprovecha la situación para colar agendas políticas se está contribuyendo a perpetuar un problema que afecta de manera directa a la sociedad ceutí, además de a los migrantes afectados. El caos juega a favor del chantaje, además de ofrecer una pésima imagen de España.

6. La respuesta pasa, inevitablemente, por cumplir la ley: Cuando se propone una devolución masiva e indiscriminada de los migrantes sin atender su edad y las necesidades de protección internacional (como ha venido a decir el portavoz de Interior de la Comisión Europea, Markus Lammert) se está promoviendo un delito de prevaricación. Esta fue la posición clara del Tribunal Supremo en su sentencia del pasado mes de julio. Con independencia de la opinión que tengamos acerca de las razones que han generado esta crisis, España y la UE están obligadas a actuar dentro de la ley, considerando los casos individualmente: lo contrario es convertirse en el mismo tipo de régimen del que escapan los migrantes. Para realizar esta tarea adecuadamente y con el menor coste para todas las partes afectadas, es fundamental reforzar las capacidades del Estado con recursos extraordinarios y considerar el traslado de parte de esa población a otras regiones mientras duran los procedimientos. Las soluciones mágicas o inmediatas no solo generan frustración y confusión en la opinión pública, sino que fuerzan el Estado de derecho hasta hacerlo irreconocible.

Tampoco ayuda lo más mínimo criminalizar a las organizaciones sociales que operan en Ceuta y que están comprometidas con la resolución de la crisis. El papel de la sociedad civil es imprescindible y no solo se limita a la provisión de servicios o a actuar como subcontrata del Estado, por importante que esto sea. Su responsabilidad incluye velar porque se garanticen los derechos de todas las personas que allí se encuentran. Episodios como el del 23 de agosto, en el que dos personas voluntarias de la organización No Name Kitchen fueron acosadas y detenidas por la Policía Nacional (que, además, presuntamente realizó un registro ilegal, según denuncia la organización) obstaculizan la colaboración, ponen en la diana a los miembros de las organizaciones y perjudican al conjunto de la sociedad ceutí. 

7. El caso de los niños merece una consideración aparte: De todos los grupos de migrantes incluidos en esta crisis, el de los menores de edad es sin duda el más vulnerable y el que está sujeto a garantías más amplias. Las leyes de España y la UE dejan claro que un niño o una niña son, por encima de cualquier otra circunstancia, exactamente eso. Por tanto, sus casos deben ser tratados de acuerdo al interés superior del menor. En este momento, su situación es particularmente alarmante. De acuerdo con la información que manejan las organizaciones especializadas, antes del 5 de julio ya había 505 menores en el sistema de protección –que ya estaba saturado– y en todo el año pasado se trasladaron 670 menores a la península. En este momento hay 2.200 nuevos menores identificados y un número aproximado de otros 2.000 sin identificar. Para cada uno de ellos, la reunificación familiar constituye una posibilidad cierta, siempre y cuando se cumplan todas las condiciones que la amparan, empezando por escuchar la opinión del menor. En los demás casos –como en el de las casi 500 niñas en situación de especial vulnerabilidad que han expresado su voluntad firme de permanecer en España– las instituciones deben hacerse cargo de su acogida en colaboración con las organizaciones sociales y las familias que forman las redes de acogimiento. En último término, ⁠⁠la solución pasa por dotar a las administraciones de muchos más recursos de los que ahora tienen, creando una unidad de emergencia adaptada a este tipo de situaciones como la que ha propuesto UNICEF España y que el ministerio de Infancia y Juventud ya ha comenzado a desplegar (la llamada Unidad Multidisciplinar de Atención a la Infancia Migrante en Emergencias, UMAIME).

DESPUÉS

8. No hay ninguna razón por la que Marruecos y otros vayan a cambiar de estrategia en el futuro: A pesar de los inconvenientes reputacionales y administrativos inmediatos de esta crisis, la monumental tormenta política generada en los países de destino constituye un incentivo directo para que Marruecos siga utilizando a los migrantes como ariete político. La manipulación eficaz de la frontera no solo carece de consecuencias negativas evidentes para el régimen marroquí, sino que ha sido jaleada por países como EEUU e Israel, generando expectativas en demandas latentes como la soberanía de Ceuta y Melilla. Lo que es más preocupante, Marruecos no es el único país de tránsito u origen migratorio que puede jugar este juego. Otros actores periféricos como Túnez, Libia, Turquía o Bielorrusia se han apuntado en el pasado a un ejercicio de lo que se conoce como migration weaponization (la migración como munición) que sin duda continuará en el futuro.

9. La magnitud final del impacto de estas crisis no depende de quienes las persiguen, sino de la UE, que las permite: Europa lleva más de tres décadas embarcada en un ejercicio de verticalización y externalización de su control fronterizo que pone en manos de actores canallas o poco fiables la gestión de los flujos de movilidad humana. Es un ejercicio en el que se han invertido fortunas de nuestros impuestos y el desarrollo tecnológico más avanzado sin considerar seriamente sus consecuencias o alternativas. A este factor de riesgo se añaden otros dos: por un lado, la deslealtad intolerable de algunos Estados miembros ante lo que constituye un ataque a la soberanía del conjunto de la UE (¿cómo hubiese reaccionado Dinamarca si el asunto de Groenlandia hubiese sido respondido en Europa con la misma ausencia de solidaridad que han demostrado ellos en el caso de Ceuta?); por otro lado, la intensificación de las posiciones y las narrativas antimigración dentro de nuestros países. Nada de todo esto sugiere que la vulnerabilidad estructural de las fronteras exteriores europeas vaya a reducirse en el futuro: al cavar más hondo en el mismo agujero del modelo migratorio aplicado en Europa hasta ahora, sus Estados dan alas tanto a países terceros con intereses contrarios a los nuestros, como a la franquicia antimigración que crece en todo el continente y ha utilizado este asunto como palanca de una agenda reaccionaria mucho más amplia. El círculo vicioso de desinformación, desigualdad y deterioro democrático en el que se ha convertido el debate migratorio de nuestro tiempo constituye una de las amenazas más serias para la seguridad y la prosperidad de la Unión.

10. Existe una alternativa que podría salvar, al mismo tiempo, la soberanía, los intereses y el alma del proyecto de la UE: Si la desunión, la irracionalidad y el miedo fortalecen a quienes atacan el proyecto europeo desde fuera y desde dentro, el objetivo es poner la política migratoria de la UE y de sus Estados miembros al servicio de un proyecto cohesionado, racional y valiente. La construcción de un modelo que garantice vías legales, seguras y ordenadas de movilidad laboral no solo respondería a las necesidades económicas del conjunto de la región, sino que desincentivaría la presión migratoria irregular, estimularía el compromiso de otras regiones de acogida y aliviaría notablemente unos mecanismos de protección internacional que se han convertido en la única oportunidad de acceso regular a nuestros países, por remota que esta sea. Si la vacuna más eficaz frente a la manipulación del fenómeno migratorio es la respuesta sosegada y racional del conjunto de la sociedad y de sus representantes, el respeto a las normas y derechos democráticos es la garantía básica de la seguridad de nuestros Estados.