Vallas, drones, centros de detención, vuelos de deportación. Detrás de cada frontera blindada hay alguien que factura. Solo entre 2014 y 2020, la Unión Europea puso 801 millones de euros en manos de España para cerrar sus fronteras exteriores.
En Níger, el país más pobre del mundo según el Índice de Desarrollo Humano, la Unión Europea ha gastado más de 1.000 millones de euros. No los ha destinado a escuelas ni a hospitales, sino a drones, todoterrenos 4×4 y formación policial para que nadie llegue al Mediterráneo. Níger sigue en el puesto 187 de 188. Pero alguien ha hecho negocio.
Ese negocio tiene nombre: la Industria del Control Migratorio (ICM). Es el conjunto de interacciones económicas destinadas a frenar a quienes migran. Se paga con dinero público y lo cobran sobre todo empresas tecnológicas, de defensa, de seguridad y de obras públicas. En resumen, es un negocio opaco que vive del erario y que crece al calor de las políticas antimigratorias.
Del dron al traductor: todo se vende
El catálogo es más amplio de lo que parece. Incluye vallas, cámaras, centros de detención, uniformes y hasta servicios de traducción. Un puñado de empresas se reparte el pastel, junto a firmas de seguridad privada, tecnológicas, aerolíneas y proveedores de logística.
El dinero llega de una red de instituciones europeas y nacionales. Entre 2014 y 2020, la UE asignó a España más de 801 millones de euros para reforzar sus fronteras, sobre todo a través del Fondo de Asilo, Migración e Integración y del Fondo de Seguridad Interior. Para todo el continente africano, Bruselas creó en 2015 un Fondo Fiduciario de Emergencia de 5.000 millones. Así convirtió a África en una emergencia permanente, y esa emergencia justifica comprar más vigilancia. Marruecos, por ejemplo, ha recibido 95 millones en dos programas de identificación biométrica, drones y equipos de vigilancia.
Que el trabajo sucio lo hagan otros
La nueva apuesta de Bruselas tiene dos patas: deportar y externalizar. Externalizar las fronteras significa pagar a terceros países para que repriman a quienes migran sin una alternativa segura. Muchas veces esos países son regímenes autoritarios, y España lleva dos décadas financiando esa represión en África. Lo inquietante es que las propias empresas y lobbies influyen en esas decisiones para que el negocio de la vigilancia no pare. En España destaca INDRA, que tiene la militarización de fronteras entre sus prioridades de negocio.
El efecto es que la frontera europea ya no está en Ceuta ni en Melilla. Depende de la voluntad de países terceros y se ha ido desplazando hacia el sur, hasta el punto de que la primera frontera entre la UE y África está hoy en el norte de Ghana.
Frontex, el guardián sin vigilante
En el centro de todo está Frontex, el primer cuerpo armado y uniformado de la UE. Hace de intermediario en la compra de tecnología de frontera, coordina deportaciones masivas y pasa información a regímenes africanos para que capturen a migrantes por tierra, mar y aire. Entre 2009 y 2019 organizó 1.437 operaciones de deportación con 60.135 personas a bordo. Hoy su apuesta son las fronteras «inteligentes», con algoritmos que analizan rostros.
Opera bajo una cultura de opacidad y antepone una frontera impermeable a los derechos humanos. Las devoluciones en caliente en el Mediterráneo acabaron en una investigación de la Oficina Europea Antifraude y en la dimisión de su director, Fabrice Leggeri, en 2022.
El 5 % que se lleva toda la atención
El dato que lo resume todo: solo el 5 % de la migración llega a España de forma irregular por la frontera sur. Aun así, ese 5 % recibe más atención política y más dinero que el 95 % que llega por vías regulares.
El precio de la «Europa Fortaleza» es alto. Hay rutas más mortíferas, como la canaria. Hay dinero y apoyo diplomático para dictaduras en países de origen y tránsito. Y hay un presupuesto descompensado en el que el control se come casi todo frente a la acogida y la integración. Su cara más cruda se vio el 24 de junio de 2022 en la valla de Melilla: al menos 37 muertos y más de 300 heridos.
Hay otra forma de hacerlo
En África Occidental, los 15 países de la CEDEAO se mueven libremente entre sí, como en Schengen, pero sin militarizar sus fronteras. Allí es donde ocurre casi todo: el 75 % de la migración subsahariana no sale de África. Para quienes sí vienen a Europa, la respuesta pasa por vías legales y seguras, como la contratación en origen o los visados para buscar empleo. Otro modelo de movilidad laboral es posible. Migrar es, además, un derecho reconocido en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
