El gobierno de España es pionero en la externalización de fronteras. Desde hace más de dos décadas, las autoridades españolas subcontratan a regímenes del continente africano –incluyendo dictaduras– para que repriman a quienes migran sin alternativa segura. Con el paso de los años, España ha ido aumentando su apuesta por esta política antimigratoria para hacerla más opaca, impune y rígida. Actualmente el Gobierno español usa una agencia de cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores, la FIAP, para entrenar y transferir material policial, vehículos blindados, drones y otras tecnologías de vigilancia a las fuerzas de países como Marruecos, Mauritania o Senegal. Esta misma agencia de cooperación también es la encargada de canalizar grandes sumas de dinero procedentes de fondos de la Unión Europea.
Las políticas de externalización de fronteras tienen consecuencias devastadoras en África.
El equipo de periodismo de investigación de porCausa ha revisado miles de contratos públicos y ha tenido acceso a informes confidenciales. También ha viajado a terreno y realizado decenas de entrevistas con fuentes policiales y diplomáticas, así como con personas migrantes que han sufrido en carne propia la externalización de fronteras de España y la UE. El resultado es una investigación de largo alcance, reconocida con galardones y menciones honoríficas –entre otras, el European Press Prize y los premios Desalambre y África Mundi– que arroja luz sobre una de las caras más desconocidas, impunes y brutales del control migratorio.
Entre otros hallazgos, esta investigación pone el acento sobre el proyecto GARSI Sahel: unidades de élite inspiradas en los Grupos de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil, creados para combatir a ETA. Estas unidades, entrenadas y equipadas por España, ahora están desplegadas en Mauritania, Senegal, Mali, Burkina Faso, Chad y Níger y tienen entre sus objetivos frenar a los migrantes. Un informe secreto de la Comisión Europea, al que accedió esta investigación, lo califica de fracaso: 74 millones de euros gastados para detener a apenas 1.213 personas en cuatro años y con serios problemas relacionados con el respeto a los derechos humanos. El documento denuncia despilfarro, opacidad y «gastos injustificados» de al menos 12 millones de euros que se perdieron por el camino.
Este trabajo va mucho más allá. Por ejemplo, desvela que en Senegal, los vehículos blindados entregados por España, supuestamente para control migratorio, fueron utilizados para reprimir manifestaciones ciudadanas. En Mauritania, el equipamiento suministrado por la FIAP se usa para abandonar a migrantes (hombres, mujeres y niños) a zonas remotas del desierto. Un informe de inteligencia al que tuvo acceso porCausa señala que varios vehículos donados por España en Mali para misiones antimigratorias han acabado en manos de organizaciones yihadistas y mercenarios de origen ruso.
La trama tiene también una dimensión judicial: la Fiscalía Anticorrupción y un juzgado de Tenerife descubrieron un esquema de sobornos y desvío de fondos en el que aparecen un exdiputado socialista, un general de la Guardia Civil y varios empresarios. El centro de este caso de corrupción son los drones que España regaló a las autoridades malienses para reforzar sus fronteras. Cuando la Justicia pidió documentos a la FIAP, la agencia alegó un ciberataque. Fuentes de la Guardia Civil y del servicio antiblanqueo aseguran que se trataría de un borrado deliberado de pruebas.
Adéntrate en la cara B de la política antimigratoria española: la que se financia con dinero público europeo, se ejecuta en la sombra y se cobra un elevado número de vidas humanas
