La Unión Europea gasta 30.000 millones de euros en «seguridad fronteriza» mientras la migración no cede y las muertes en el mar aumentan. Diez empresas aglutinan el 65 % del presupuesto español para control migratorio. Contratos adjudicados sin concurso, información vetada a periodistas y una estructura donde Frontex compra equipamiento y coordina deportaciones masivas como operador privado.
Europa lleva años levantando muros, comprando drones y pagando a países vecinos para que frenen a quienes migran. Las políticas antimigratorias de la Unión Europea y de países como España están diseñadas para eso. Sin embargo, los datos revelan que no están sirviendo. El movimiento de personas se mantiene, y tras la militarización de algunas rutas migratorias aparecen otras nuevas. Sobre todo, el número de muertes en el mar crece de forma exponencial. Si estas políticas no funcionan, ¿por qué siguen vigentes? ¿Quién gana con las políticas antimigratorias de Europa y de países como España?
La respuesta tiene nombre: la Industria del Control Migratorio (ICM). Es un negocio que reúne compañías de defensa, empresas tecnológicas, proveedores de servicios y otras corporaciones que se lucran directamente de las políticas antimigratorias de la Unión Europea. El catálogo incluye constructoras, empresas de seguridad privada e incluso compañías aéreas que fletan los vuelos de deportación.
Una montaña de dinero para un problema pequeño
Para el periodo 2021-2027, la UE ha destinado más de 30.000 millones de euros a «seguridad y vigilancia fronteriza». Es un 207 % más que en el periodo anterior.
España es la frontera sur europea, y desde 2015 ha recibido más de 801 millones de euros de fondos europeos solo para gestión de fronteras y migración. Ese dinero llegó sobre todo del Fondo de Asilo, Migración e Integración (460,8 millones) y del Fondo de Seguridad Interior (340,8 millones). A eso se suman los contratos del propio Gobierno: porCausa analizó 1.677 contratos públicos por más de 660 millones de euros adjudicados entre 2014 y 2019. Con Ceuta, Melilla y la ruta canaria, el informe describe España como «El Dorado» de la ICM.
¿Y a quién se dirige todo ese despliegue? A finales de 2019, las personas en situación irregular en España eran entre 390.000 y 470.000: alrededor del 0,8 % de la población. Solo el 9 % procedía de África.
Las prioridades también se ven en el reparto. Del principal fondo europeo de migración en España, el 42,66 % se destinó a retornos, frente al 28,6 % para integración y migración legal.
El dinero fluye; la información, no
La opacidad es una constante en la ICM. Hay contratos públicos «confidenciales» y adjudicados sin concurso público. A los periodistas se les veta el acceso a cárceles de migrantes y a otras infraestructuras. En países como Marruecos, Libia o Mauritania, ejercer el periodismo implica prohibiciones y riesgos. La propia base de datos de porCausa solo recoge los contratos que el Gobierno hizo públicos; los clasificados por «seguridad nacional» quedan fuera.
En paralelo, las empresas de la ICM fichan para sus consejos de administración a ex altos cargos del Estado, desde ministros y secretarios de Estado hasta altos mandos policiales y militares. La Fundación porCausa ha identificado más de 100 puertas giratorias entre las 10 empresas que más dinero obtienen del presupuesto de España para control migratorio. Algunos de esos vínculos llegan hasta los detractores de la regularización.
Presupuesto de Frontex · 2014–2020
Frontex, el muro que no paró de crecer
En 2013, la UE programó 533 millones para la agencia de fronteras en siete años. Acabó gastando 1.791 millones: más del triple.
propuso la Comisión para 2021-2027 solo para que Frontex compre y mantenga sus propios barcos, aviones y vehículos.
Frontex, el cliente VIP
En este contexto, Frontex ha dejado de ser una agencia técnica para convertirse en un operador con capacidad propia. Compra equipamiento policial, coordina deportaciones masivas y mantiene lo que un informe de porCausa describe como una relación de cliente VIP con el sector privado que conforma la ICM.
Las cifras lo explican. En 2013, la UE programó 533 millones para Frontex entre 2014 y 2020. Acabó gastando 1.791 millones, más del triple. Hoy recluta un cuerpo de 10.000 guardias fronterizos armados y organiza «diálogos con la industria» para comprar pistolas y munición. Entre 2009 y 2019 deportó a 60.135 personas en 1.437 operaciones. En España, los vuelos de deportación los adjudicó Interior a una UTE formada por Air Europa, Aeronova y Swiftair, por 9,9 millones de euros.
Frontex también apuesta por sustituir los barcos de rescate por drones de vigilancia, con una licitación de 50 millones de euros. Cuando unos activistas la llevaron ante el Tribunal de Justicia de la UE por falta de transparencia, perdieron y fueron condenados a pagar 23.700 euros en costas.
La frontera se muda al sur
Mientras, la externalización de fronteras avanza. La UE subcontrata el control migratorio a países terceros a cambio de transferencias financieras, apoyo diplomático y acuerdos de colaboración, y así traslada la frontera europea mucho más allá de sus límites geográficos. Entre 2015 y 2018, el 57 % del dinero de la respuesta europea a la llegada de refugiados (12.500 millones) se gastó fuera de la UE.
El alumno aventajado es Marruecos: 342 millones de euros desde 2013 en cooperación migratoria, 140 millones aprobados en 2018 para reforzar su control fronterizo, a petición del Gobierno español, y 389 millones más en diciembre de 2019. España, por su parte, lleva dos décadas financiando la represión de migrantes en África. La investigadora Cristina Fuentes, de porCausa, resume este fenómeno: estamos ante un proceso de «verticalización de la frontera».
Más peligro para unos, más negocio para otros
El resultado es la consolidación de lo que el informe llama la «narrativa de la Europa Fortaleza». En ese modelo, la militarización y la seguridad se priorizan sistemáticamente sobre los compromisos humanitarios y el derecho a la protección de las personas migrantes. No resuelve los problemas que existen para el libre movimiento de personas en el mundo, consagrado en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Al contrario, convierte el proceso migratorio en más peligroso para quienes migran sin alternativa segura y más lucrativo para sus actores, tanto los «lícitos» (la ICM) como los «ilícitos» (las redes de trata).
