Historia de las Regularizaciones

Entre 1986 y 2026, España ha abierto diez veces la puerta a quienes ya vivían aquí sin papeles. Lo han hecho gobiernos del PSOE y del PP, y en cada ocasión por los mismos motivos: las leyes iban por un lado y la vida por otro. Esta es la historia de cómo el país ha ido poniendo nombre, y derechos, a la gente que ya formaba parte de él.

1986: la primera ley, la primera regularización

La historia empieza con la entrada de España en la Comunidad Económica Europea. Para cumplir con Bruselas, el gobierno de Felipe González aprobó en 1985 la primera Ley de Extranjería de la democracia, de corte restrictivo. Muchas personas que ya vivían y trabajaban en el país quedaron fuera de la ley de un día para otro. Para corregirlo, en 1986 se abrió el primer proceso de regularización. Bastaba con demostrar que se estaba en España antes del 24 de julio de 1985. Obtuvieron papeles 38.181 personas.

1991 y 1992: cerrar unas puertas y abrir otras

A principios de los noventa, España empezaba a dejar de ser un país de emigración para convertirse en uno de acogida. Ese mismo año, el gobierno socialista comenzó a exigir visado a las personas de los países del Magreb y abrió una segunda regularización, que alcanzó a 109.135 personas. En 1992 se añadió un pequeño proceso complementario de unas 3.000 personas.

1996–2001: los años de Aznar

El reglamento de 1996 incluyó una nueva regularización que se ejecutó ya con José María Aznar en La Moncloa. Fue la primera de las cinco que se aprobaron bajo gobiernos del Partido Popular. Llegaron después la de 2000, asociada a la nueva Ley de Extranjería, y tres programas distintos en 2001. En 2001, España ya recibía a decenas de miles de personas de Ecuador, Colombia o Marruecos, que trabajaban en el campo, la construcción y los cuidados. Entre 1996 y 2001, el PP regularizó a más de 350.000 personas.

2005: la mayor de todas

Con José Luis Rodríguez Zapatero llegó el proceso más grande de la historia de España, que el Gobierno llamó «normalización». Por primera vez, el requisito central era tener un contrato de trabajo. Con él, la persona se daba de alta en la Seguridad Social y empezaba a cotizar desde el primer día. Más de medio millón de personas consiguieron papeles. Los estudios posteriores calcularon que la aportación fiscal de cada trabajador regularizado aumentó en unos 4.200 euros al año.

2005–2019: el arraigo y la crisis

Después de 2005 no hubo más procesos extraordinarios, pero tampoco se dejó de regularizar. Gobiernos de uno y otro signo usaron el arraigo, una vía individual y permanente para quien demostrara años de vida en España. Luego llegó la crisis de 2008. Unas 200.000 personas perdieron su empleo y, con él, el permiso de residencia que dependía de ese contrato. Es lo que se conoce como irregularidad sobrevenida: personas que llegaron con papeles y los perdieron sin moverse de su casa. Entre 2012 y 2018, además, la reforma sanitaria dejó a muchas de ellas sin acceso a la sanidad pública.

2020: la pandemia lo cambia todo

Con el confinamiento quedó claro quién seguía en pie: quienes cuidaban a nuestros mayores, recogían la fruta o repartían la comida. Muchas de ellas no tenían papeles. Portugal e Italia aprobaron regularizaciones de urgencia. En España nació el movimiento Regularización Ya, con el apoyo de cientos de colectivos. Ese mismo año, porCausa y la Universidad Carlos III publicaron los primeros datos actualizados de irregularidad desde 2005: entre 390.000 y 470.000 personas.

2022–2024: la sociedad toma la palabra

Casi un millar de organizaciones, lideradas por Regularización Ya, lanzaron la campaña Esenciales y una Iniciativa Legislativa Popular. Más de 600.000 firmas válidas la llevaron al Congreso. En abril de 2024, todos los grupos salvo Vox votaron a favor de tramitarla.

2026: la décima

El Gobierno anunció en enero una nueva regularización extraordinaria y la aprobó definitivamente el 14 de abril de 2026. El plazo de solicitudes estuvo abierto del 16 de abril al 30 de junio. Podía pedirla quien estuviera en España antes del 1 de enero de 2026, llevara al menos cinco meses de permanencia continuada y no tuviera antecedentes penales. Fue la décima regularización de la democracia, y con ella el marcador entre los dos grandes partidos queda en empate: cinco y cinco.

No solo España

La historia se repite en toda Europa. Alemania ha regularizado a casi dos millones de personas desde 1996, y Grecia a cerca de un millón entre 1997 y 2001. Francia y los Países Bajos acumulan diez procesos cada uno. La mayor regularización de Italia, con 635.000 personas, la firmó el gobierno de Silvio Berlusconi, con una ley impulsada por Umberto Bossi, de la ultraderechista Liga Norte. Y Luxemburgo llegó a regularizar a más de un millar de personas españolas y portuguesas. Entre 1950 y 1970, la mitad de quienes emigraron de España a Europa lo hicieron sin papeles.

Lo que enseñan cuarenta años

Diez procesos, gobiernos de todos los colores y más de un millón de personas regularizadas antes de 2026. En todo ese tiempo, ningún estudio ha encontrado relación entre regularizar y un aumento de la inmigración irregular: lo que ha marcado las llegadas es el empleo. La lección es otra. Cuando las leyes dejan fuera a quienes ya viven aquí, tarde o temprano hay que volver a abrir la puerta. Y cada vez que se ha hecho, el país ha ganado vecinas, trabajadores y contribuyentes de pleno derecho.