Regularización Extraordinaria: claves, cronología y argumentario

ARGUMENTOS CLAVES SOBRE LA MEDIDA

El 14 de abril de 2026 el Gobierno de España aprobaba en Consejo de Ministros, por Real Decreto Ley, una regularización extraordinaria de personas migrantes en situación administrativa irregular. Se trata de una victoria histórica de la comunidad migrante en España, pero también del conjunto de una sociedad organizada y unida alrededor de un propósito común. 

Este documento ofrece una cronología documentada y un argumentario con información clave sobre el proceso que ha llevado a esta regularización. Este camino ha sido recorrido por la Fundación porCausa junto a casi un millar de organizaciones de la sociedad civil, bajo el liderazgo de la plataforma Regularización Ya, y su trabajo colectivo merece ser reconocido y contextualizado.

Los argumentos principales de la medida (desarrollados en detalle más adelante) son los siguientes:

• La regularización es una obligación ética (por la explotación y la pobreza que sufren los migrantes irregulares) pero también un ejercicio de sentido común e inteligencia colectiva: España necesita a estos trabajadores y el emprendimiento y la prosperidad que ofrecen a nuestra sociedad.
• La regularización no es un regalo, sino un ejercicio de dignificación ciudadana basado tanto en derechos como en responsabilidades. Todos aquellos que formemos parte de nuestra sociedad debemos ser iguales en ambos casos.
• Frente al descontrol que caracteriza la política migratoria de la mayor parte de los países, la regularización ofrece orden dentro del sistema: incorporar a cientos de miles de personas que ya están en nuestro país al radar de las instituciones es el mecanismo más eficaz de integración. 
• La alternativa a este modelo se ha puesto de manifiesto en lugares como los Estados Unidos, que han optado por luchar contra la inmigración irregular cerrando las fronteras y realizando deportaciones masivas. Las consecuencias económicas, sociales y morales de este proceso fallido ya son evidentes para cualquiera que quiera verlas. 

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¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

• 2020 – Nace el movimiento: El colectivo migrante Regularización Ya reclama por primera vez la urgencia de una regularización en plena pandemia, ante la extrema desprotección que sufren miles de trabajadoras y trabajadores migrantes en situación administrativa irregular en España.
• 2020 (enero): Nombramiento del nuevo Gobierno y creación del nuevo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
• 2020 (14 de marzo): Se decreta el Estado de Alarma en España.
• 2020 (27 de marzo): El Gobierno portugués anuncia la regularización extraordinaria a través del Despacho n.º 3863-B/2020, que oficializó la regularización temporal de todos los inmigrantes con solicitudes pendientes.
• 2020 (abril): Regularización Ya lanza la primera campaña pública con el apoyo de más de 900 colectivos migrantes y de solidaridad.
• 2020 (19 de mayo): Italia lleva a cabo una regularización extraordinaria conocida como «Sanatoria 2020», aprobada mediante el Decreto Rilancio (Decreto Ley n.º 34 del 19 de mayo de 2020).
• 2020 (junio): Se hacen públicos los primeros datos actualizados de irregularidad en España desde la regularización extraordinaria de 2005 gracias a un informe de la fundación porCausa con la Universidad Carlos III. 
• 2022 – La sociedad civil se moviliza. Un movimiento de casi un millar de organizaciones, liderado por Regularización Ya, inicia la campaña Esenciales para promover una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que lleve la propuesta de regularización al Congreso.
• 2024 (12 de marzo) – La ILP llega al Congreso: Tras un año de campaña, la ILP consigue más de 700.000 firmas de apoyo (se necesitaban 500.000) con 611.821 firmas válidas certificadas que se presentan en el Congreso de los Diputados. En abril de 2024, todos los grupos parlamentarios votan a favor de su tramitación, excepto Vox. Desde entonces ha esperado a ser aprobada por el gobierno.
• 2026 (9 de abril) – El Consejo de Estado da su visto bueno al RD, haciendo recomendaciones específicas con respecto al requisito de certificación de penales, el papel de las organizaciones intermediarias o los plazos del proceso, entre otras cosas. El informe está disponible aquí. 
• 2026 (14 de abril) – El Consejo de Ministros aprueba el RD de Regularización Extraordinaria.

Las cifras de la irregularidad en España:

Según las cifras más recientes (enero 2026) de Funcas, en base a una metodología mejorada de la propuesta por porCausa:

• La cifra de extranjeros residentes en España en situación administrativa irregular podría haber alcanzado, a 1 de enero de 2025, la de 840.000, lo que representaría el 17,2% de la población extranjera procedente de países no comunitarios.
• La inmensa mayoría procede de América Latina (91%), lo que implica irregularidad sobrevenida. 
• Destacan las nacionalidades americanas, con 760.000 residentes en situación irregular, y, entre ellas, la colombiana, con cerca de 290.000, la peruana (casi 110.000) y la hondureña (90.000). A bastante distancia se sitúan las nacionalidades africanas (50.000), las asiáticas (15.000) y las europeas (14.000).

Aunque es muy difícil realizar una estimación ajustada de la distribución de esta población, la Fundación para la Ciudadanía Global ha hecho un ejercicio en el que extrapola a la población irregular la distribución de los extranjeros no comunitarios (salvo británicos y estadounidenses). Según sus cálculos, el grueso de las solicitudes se producirán en Cataluña, Madrid, Valencia y Andalucía (estas tres comunidades autónomas podrían concentrar dos de cada tres solicitudes de regularización).

Algunos datos más que ayudan a entender la composición de estos datos. El informe original de porCausa (2020, actualizado en 2022) incluía algunos datos añadidos sobre la composición de las más de 500.000 personas que vivían y/o trabajaban en España en situación administrativa irregular en aquel momento:

• Casi 150.000 son niños y niñas: la mitad tiene menos de 10 años y casi un 40% tiene menos de 5 años (unos 55.000 niños)
• 58% son mujeres.

A pesar de todos estos datos, es imposible saber con exactitud cuántas personas solicitarán la regularización acogiéndose al proceso actual, debido a las condiciones incorporadas a este.

Precedentes: España ya ha regularizado antes

Esta no es la primera regularización extraordinaria en la historia reciente de España. Desde 1986 ha habido nueve procesos, impulsados por gobiernos de distinta ideología:

Partido Popular (5 procesos):

• 1996: 152.207 personas
• 2000: 21.300 personas
• 2001: 182.675 personas (tres programas distintos)

PSOE (4 procesos):

• 2005: 550.000 personas
• 1986: 338.181 personas
• 1991: 109.135 personas
• 1992: 3.000 personas

POR QUÉ ES NECESARIA LA REGULARIZACIÓN

1. Un problema estructural, no marginal

Cientos de miles de personas ya viven y trabajan en España en situación administrativa irregular. La irregularidad es un problema estructural que necesita respuestas políticas, no puede ser ignorado. Como ocurre en cualquier otro país (y quien no lo reconoce, miente), una economía dinámica con una puerta estrecha a la inmigración es una invitación directa a la inmigración irregular. Los flujos crecen de manera continuada y este tipo de medidas extraordinarias son necesarias cada cierto tiempo, aunque el fondo del problema solo será resuelto con más vías seguras y legales para la migración ordenada.

Que no te cuenten bulos:

• La mitad de los españoles que emigraron a los países europeos durante el período 1950-70 lo hicieron de forma irregular.
• Incluso los gobiernos que sostienen un discurso más duro en materia de inmigración están desesperados por atraer la mano de obra y el talento que necesitan sus economías. Italia, por ejemplo, se ha marcado el propósito de atraer cientos de miles de migrantes en el corto plazo. Lo mismo ocurre en Alemania.

2. Una cuestión de dignidad y derechos fundamentales

La irregularidad administrativa tiene un impacto directo y  devastador en las vidas de quienes la sufren: daña su salud, condena a la pobreza y deja a las personas indefensas frente a la explotación laboral.

Regularizar significa:

• Vivir sin miedo: facilita la integración plena y el reconocimiento de la dignidad de cada persona.
• Acceso a derechos básicos: con la documentación (NIE) se eliminan barreras arbitrarias como por ejemplo para obtener títulos educativos, becas, ayudas de comedor y atención sanitaria continuada sin temor a represalias.
• Protección ante la violencia: permite a las víctimas de delitos denunciar ante las autoridades sin riesgo de ser expulsadas, fortaleciendo el Estado de derecho.
• Contribuye a la dignificación de las condiciones laborales. La irregularidad hunde a las familias (muchas de ellas con hijos pequeños) en la pobreza y la vulnerabilidad.

3. El conjunto de la sociedad se beneficia económica y demográficamente

En 2020 porCausa y la Universidad Carlos III de Madrid publicamos nuestro primer estudio sobre el impacto económico de una regularización. Los datos eran los siguientes

• Más de 3.500€ anuales de contribución neta adicional por persona mediante impuestos directos y cotizaciones.
• Sostenibilidad de las pensiones: ayuda a equilibrar la pirámide poblacional (la población irregular es mayoritariamente joven: menos del 1% supera los 65 años).
• Retorno de la inversión social: por cada euro invertido en proteger a las familias regularizadas más vulnerables, el Estado recupera 2,2 euros en recaudación.
• Aflora parte del empleo sumergido en sectores esenciales para la economía.

Las personas sin papeles sostienen sectores económicos clave como los cuidados, la agricultura o la hostelería. Son trabajadores y trabajadoras esenciales que ya existen pero que el sistema no reconoce, lo que facilita la explotación laboral y alimenta la economía sumergida.

Desde entonces, todas estas variables no han hecho más que intensificarse, consolidando los fundamentos económicos de la regularización extraordinaria:

• La prosperidad de la economía actual está vinculada a la gestión de la migración y al aporte de los trabajadores extranjeros. El 43% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros.
• Los trabajadores extranjeros representan más del 14% del total y hay sectores donde su peso es aún más relevante.
  • En Hostelería, 1 de cada 3 afiliados son extranjeros.
  • En Agricultura y Construcción, 1 de cada 4.
  • En Transporte, casi 1 de cada 5.
  • Además, 1 de cada 3 autónomos dedicado a Telecomunicaciones, programación e informática es de otro país.
• Instituciones de referencia como el Consejo Económico y Social (CES), la Comisión Europea, el FMI o la Airef coinciden en que España necesita que lleguen entre 200.000 y 250.000 migrantes al año hasta 2050 para mantener nuestro Estado del Bienestar.
• Como recuerda el Consejo Económico y Social (CES), su contribución no se limita al ámbito económico, también suponen el rejuvenecimiento demográfico. La inmigración en España es eminentemente laboral y con un perfil de edad joven.
• En ausencia de inmigración, España experimentaría una reducción significativa de la población y perdería peso en el contexto de la Unión Europea. Según un estudio de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, se reduciría el PIB y disminuiría nuestra renta disponible. Se debilitaría el mercado laboral y se deteriorarían los servicios públicos.
• Además, la sostenibilidad fiscal se vería comprometida porque subirían los gastos, debido fundamentalmente al envejecimiento de la población, y se reduciría la recaudación fiscal.

4. El consenso social no puede ser barrido por la polarización política.

La ILP es el resultado de una movilización social con pocos precedentes por su diversidad ideológica y organizativa. Durante todo el proceso ciudadano, la regularización ha disfrutado de un considerable apoyo social, manifestado también en la aprobación de los partidos en el Congreso (solo Vox se opuso a su tramitación). Lamentablemente, este tema ha sido arrastrado al mismo lodazal de trincheras en el que se desenvuelve cualquier debate político en nuestro tiempo. Esta polarización política es artificial y no puede reemplazar un consenso social genuino. 

Hubiese sido deseable que la regularización llegase de la mano de una ley aprobada en el Parlamento. Ese hubiese sido el reconocimiento político del consenso social derivado de la ILP. Lamentablemente, la polarización del debate político y la utilización creciente de la migración como arma electoral han ido complicando un proceso que, durante la mayor parte de su recorrido, obtuvo un apoyo excepcional entre los grupos parlamentarios. El RD es una alternativa razonable a un bloqueo injustificado.

• ⁠691.493 firmas presentadas ante la Oficina del Censo Electoral en diciembre de 2022.
• ⁠Más de 500.000 firmas válidas certificadas por la Junta Electoral Central en febrero de 2023.
• ⁠956 organizaciones sociales de un amplio espectro ideológico respaldaron la iniciativa.
• ⁠Toma en consideración aprobada en el Congreso de los Diputados con 310 votos a favor y 33 en contra.
• ⁠Rechazo de la enmienda a la totalidad con 315 votos en contra y 33 a favor.
• ⁠Aprobación de la Regularización Extraordinaria en Consejo de Ministros el 27 de enero de 2026 como Real Decreto.

Sobre la solidez legal de esta medida

La regularización por la vía del Real Decreto es el mecanismo que se ha utilizado siempre en el pasado. Aunque hubiese sido deseable la vía legislativa que propone la ILP, no se puede poner en cuestión la SEGURIDAD JURÍDICA de esta medida:

Además, su dictamen valora positivamente los objetivos generales de la regularización: integración social, seguridad jurídica y reducción de la irregularidad administrativa.

Se trata de un procedimiento reglado dentro del marco de la Ley de Extranjería, que cuenta con todas las garantías de legalidad y seguridad jurídica.

El dictamen del Consejo de Estado avala que este procedimiento se realice por la vía reglamentaria.

El Consejo de Estado considera que en dicho desarrollo reglamentario se han respetado todas las garantías para concluir, con éxito, un procedimiento de esta índole.

SOBRE LA POSICIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA Y DE OTROS ESTADOS MIEMBROS

Durante las últimas semanas se han ido haciendo públicas diferentes noticias en relación con la posición de la Comisión Europea o de los Estados miembros con respecto a la regularización extraordinaria. Es evidente que la decisión del Gobierno choca con la posición de la mayor parte de ellos, así como de la Comisión Europea, que a través del Pacto de Migraciones y Asilo busca un endurecimiento de la política comunitaria en este ámbito. Cualquier reacción diferente a la que han tenido hubiese sido llamativa. Dicho esto:

• La medida aprobada por el Gobierno español es perfectamente compatible con el derecho europeo y con los acuerdos establecidos. Como aclaró en su comento la CE en respuesta a una solicitud de la campaña Esenciales, nada en el ordenamiento actual impide la regularización.
• De acuerdo con la norma, España sí está obligada a avisar a las instituciones de la medida, algo que previsiblemente se hará en cuanto el proceso se haga efectivo.
• Como en cualquier otro procedimiento de admisión regular de migrantes, estos solo tienen derecho a la residencia y el trabajo en el país que se lo concede. Esto se debe a que Europa, lamentablemente, no ha extendido a los ciudadanos extracomunitarios los beneficios de la libre movilidad que disfrutan los ciudadanos de la UE. Esto es cierto para los migrantes regularizados en este procedimiento extraordinario como lo es para cualquier otro migrante al que se concede residencia legal en otro país de la UE.   

SOBRE EL PROCEDIMIENTO PRÁCTICO DE REGULARIZACIÓN UNA VEZ EL RD ENTRE EN VIGOR

• El 15 de abril se publicará en el Boletín Oficial del Estado y se podrán presentar las primeras solicitudes el jueves 16 por vía telemática. La vía presencial estará disponible, con cita previa, desde el 20 de abril.
• El plazo para presentar solicitudes concluirá el 30 de junio de 2026.
• Se establecen tres requisitos claros: estancia previa en España antes del 1 de enero de 2026; permanencia continuada mínima de 5 meses en el momento de la solicitud, ausencia de antecedentes penales.
• En el caso de los solicitantes de protección internacional, bastará con que dicha solicitud se hubiera presentado antes del 1 de enero de 2026 y se pueda acreditar.
• Se ha diseñado un plan operativo ágil y sencillo que va a permitir atender todas las solicitudes, de acuerdo con las necesidades de este proceso y sin afectar al funcionamiento habitual de los centros donde se tramiten.
• Se pondrán en marcha 450 oficinas para atención presencial, y el procedimiento de atención telemática estará disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana.  Además, se incorpora un plan de refuerzo de personal extraordinario con más de 600 personas.

GLOSARIO 

«Regularizar», «normalizar», «amnistiar», «dar papeles», «documentar»: Términos para describir los procesos o decisiones con los que un país de destino abre la posibilidad de corregir la situación administrativa de las personas que se encuentran en situación administrativa irregular.