La lógica siempre es la misma. Primero es un gobierno rebelde el que se considera autorizado a combatir la llegada de flujos migratorios pulverizando las reglas del Estado de derecho. Muy pronto, otros países en una situación similar replican los malos hábitos y convierten en realpolitik lo que hasta ese momento eran prácticas aberrantes e incluso ilegales.
Eventualmente, el comportamiento canalla deja de serlo porque se dota del armazón legal e institucional que le permita seguir operando. Es la ley la que se adapta a la realidad, no al contrario.
Lo vimos en el caso de España con la respuesta a la llamada crisis de los cayucos en 2005-06, cuando el PSOE se quitó los guantes y los acuerdos de control y deportación se firmaban en el reverso de los de cooperación al desarrollo. Pocos años después, durante la crisis de acogida de 2014-16, los mismos colegas europeos que pocos años antes habían reprendido a España por sus excesos en frontera se apresuraron a llevarlos a escala, convirtiendo el Mediterráneo en un sumidero del derecho de protección internacional. Desde entonces hasta ahora, la lógica de la política migratoria europea solo ha ido dando pasos en la misma dirección.
Hoy estamos siendo testigos de la consolidación del proceso, que se aventura a un punto de difícil retorno. El Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), que entró en vigor la semana pasada, supone un torpedo en la línea de flotación del derecho internacional de asilo y la formalización de un modelo trumpista de política migratoria en pleno territorio de la Unión Europea.
La buena noticia es que esto no tiene por qué ser así. Ha tenido que venir un Papa a nuestro país para recordarnos que no todos los líderes internacionales se han vuelto locos y que el sistema de reglas y derechos que construimos con tanto esfuerzo durante décadas no fue un sueño del que hemos despertado. Y lo ha dicho en España porque aún estamos a tiempo. Con la regularización extraordinaria –que se acerca ya al millón de solicitudes registradas–, nuestro país sigue despertando pasmo en una Europa que ha rendido las armas. Tal vez si somos capaces de demostrar que esta medida es un ejercicio de sentido común y una contribución al orden racional y humano de la política migratoria, otros países decidan atreverse con medidas alternativas. O tal vez todo está perdido. ¿Qué piensas tú?
