Hay historias que obligan a detenerse. No por ser extraordinarias, sino precisamente porque se están convirtiendo en habituales. Es, por ejemplo, la historia de Sasha, una joven rusa de 19 años que llegó a España huyendo de la violencia. Sasha buscaba protección, pero encontró otra forma de abandono y maltrato en el sistema de acogida español.
Durante semanas, Sasha y su pareja durmieron en la calle en Barcelona. Cuando por fin accedieron al sistema de acogida y fueron derivados a un recurso gestionado por Cruz Roja en Vilanova i la Geltrú, el lugar que debía dignidad, estabilidad y cuidados básicos, afirma que encontró en un espacio de degradación cotidiana. Comida en mal estado, falta de consideración hacia las restricciones dietéticas, ausencia de productos de higiene, retrasos interminables en trámites esenciales, carencia de ayuda con documentación y procedimientos de extranjería, falta de atención médica y psicológica… Una vida suspendida en la incertidumbre, donde cada día es una lucha por lo más básico.
Este reportaje de porCausa, que publicamos en El Salto, revela las grietas de un sistema que, sobre el papel, promete protección integral, pero que en la práctica puede fallar estrepitosamente. No solo aborda el caso de Sasha y su marido, sino que también recoge los testimonios de otros cuatro entrevistados que relatan experiencias similares y aseguran que sus condiciones de vida empeoraron tras su ingreso en los programas de acogida. En el centro de esas grietas aparece una cuestión incómoda: ¿qué ocurre cuando el Estado delega en organizaciones privadas, como Cruz Roja, la responsabilidad de cuidar a personas en situación de extrema vulnerabilidad?
Entidades como Cruz Roja desempeñan un papel destacado en la gestión del sistema de acogida en España, con financiación pública y en coordinación con la Administración. Los testimonios recogidos apuntan a una falta de control real, criterios desiguales y a una opacidad que deja a los refugiados en una posición de indefensión. Cuando algo falla, ¿quién responde? ¿Dónde pueden reclamar? ¿Quién garantiza que los derechos no dependan del centro o del gestor de turno?
La historia de Sasha, que llegó a intentar quitarse la vida ante la falta de apoyo y se vio obligada a abandonar el programa de acogida por la ausencia de recursos, no es solo un relato de sufrimiento individual. Es también un espejo que interpela a todo el modelo de acogida de España, en el que la externalización de un servicio tan sensible puede diluir responsabilidades, profundizar la opacidad y convertir derechos en promesas frágiles.
Este reportaje pone nombres, voces y pruebas a una realidad que suele permanecer invisible. En porCausa hemos cubierto otras historias preocupantes del sistema de acogida, como cuando las autoridades y otra destacada ONG ocultaron el suicidio de un chaval muy joven que huía de la guerra en Ucrania y al que España rechazó proteger; o como cuando en plena pandemia, otra ONG desatendió a una mujer migrante desesperada que quería ejercer su derecho a abortar tras haber sido violada en su viaje migratorio. En ocasiones, el sistema que debería proteger es el mismo que termina fallando. Este reportaje implica enfrentarse a una pregunta incómoda, pero necesaria sobre cómo tratamos –y a quién dejamos en manos de quién– a quienes más apoyo necesitan.
