A principios de septiembre el gobierno de España desclasificó 40 documentos para atajar el debate sobre su falta de previsión ante el último cruce masivo que vivió Ceuta. Este ejercicio de transparencia no sirvió para zanjar la discusión, pero reveló detalles inéditos de la gestión del control fronterizo español. Pasó desapercibido un detalle de envergadura: uno de esos informes secretos, elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), reconoce que debido a las políticas de externalización, y en especial la construcción de cárceles de migrantes fuera de territorio europeo, el control de las fronteras europeas “depende enteramente de la voluntad de los socios externos de la UE”. El CNI verbaliza por primera vez en un documento secreto oficial lo que las investigaciones de porCausa y otras organizaciones llevan años demostrando.
Actualmente la Unión Europea apuesta por la externalización de fronteras para frenar los flujos migratorios irregulares. España ha sido uno de los países pioneros en este enfoque y acumula más de dos décadas de experiencia delegando parte del control migratorio en países africanos, incluidos regímenes autoritarios, con el objetivo de impedir o dificultar la llegada de personas migrantes. Sucesos como el de Ceuta revelan que la externalización de fronteras es una política fallida. Los flujos no merman pero sus niveles de mortalidad aumentan. Transfiriendo más dinero y equipamiento policial a las autoridades de Rabat y otros “socios” autoritarios, España y Europa están otorgando más poder a regímenes que instrumentalizan a miles de personas humildes y desesperadas. Producen situaciones de caos y corrupción en la frontera para conseguir algo a cambio. Al menos 141 personas perdieron la vida los días 30 y 31 de julio tratando de llegar a Ceuta.
Ministros y dirigentes europeos lo admiten en privado, off the record. El envío de dinero, drones, vehículos blindados y dispositivos de espionaje a países terceros no siempre garantiza que estos repriman los flujos migratorios. También son conscientes del impacto que esto causa a las sociedades en países de origen y tránsito, y a sus maltrechos sistemas democráticos. Lo hemos documentado al detalle en Senegal. También en Túnez, Marruecos y Mauritania. Pero este problema queda en segundo plano. Los líderes políticos europeos calculan sus decisiones en marcos temporales de cuatro años, de elección en elección. Los autócratas al otro lado de la frontera, desde Rabat hasta Nouakchott, tienen planes a largo plazo. Para ellos las urnas no son un problema y saben que, gracias a la externalización de fronteras, ahora tienen la sartén por el mango. España y la Unión Europea se ahogan en el hoyo que sus políticas antimigratorias han cavado.
Dice el CNI en su documento desclasificado que la externalización de fronteras, y especialmente la apertura de cárceles de migrantes fuera del territorio europeo, representa “un desafío geopolítico significativo”. “Es poco probable que, por el momento, socios clave para España, como Marruecos, Mauritania o Senegal, acepten albergar este tipo de centros”, asegura el informe. He aquí otro dato revelador: el servicio de inteligencia español parece ignorar que España cuenta con dos cárceles de migrantes en Mauritania. Estos dos centros de detención están operativos desde finales de 2025 y tienen capacidad para privar de libertad incluso a bebés.
Ahora los agentes de inteligencia españoles lidian con una paradoja difícil de resolver: en los últimos años, el control migratorio se ha convertido en la prioridad máxima del espionaje español, desplazando amenazas que afortunadamente fueron mermando, como el yihadismo, que antaño colmó toda su atención. Sin embargo, ahora el integrismo religioso violento prende de nuevo, esta vez más cerca incluso de las fronteras europeas. El Sahel languidece a manos de organizaciones como JNIM, la filial de Al Qaeda en esa región desértica. Estos grupos terroristas encuentran el terreno abonado gracias a los regímenes corruptos a los que España y Europa patrocinan –equipa, financia y entrena– con sus políticas de externalización. Dicho de otro modo: la desigualdad, la pobreza, la corrupción y la falta de oportunidades que provocan regímenes como el de Marruecos y Mauritania hacen que algunas personas desesperadas y sin horizonte abracen ideas extremistas y puedan ser reclutadas para cometer matanzas y atentados.
Eso por un lado.
Por otro lado, en los últimos años JNIM y otros grupos terroristas habrían tomando el control de parte del equipamiento militar y tecnológico que España y Europa han transferido durante años a países como Mali, Níger y Burkina Faso. Así consta en un informe de inteligencia español al que tuvimos acceso. Las primeras víctimas de este problema son los malienses, nigerinos y burkineses. Esta situación revela una paradoja: los vehículos militares, drones y otros artilugios enviados para impedir que la gente se mueva, son usados en acciones que desestabilizan y, como consecuencia, se producen más desplazamientos forzosos, más flujos migratorios.
Las políticas de externalización dejan un amplio reguero de víctimas. Sabemos quién pierde, pero, ¿quién gana? Hay que seguir la pista del dinero para encontrar respuesta a esa pregunta. En porCausa lo tenemos claro: se llama Industria del Control Migratorio y tiene negocio para rato.
