Subcontratar a países terceros para que hagan el trabajo sucio contra las personas migrantes es una de las apuestas estrella de la Comisión Europea en su nueva estrategia antimigratoria. Aunque muchos no lo saben, el gobierno de España inspira en buena parte esta política de externalización de fronteras: desde José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, pasando por Mariano Rajoy y ahora Pedro Sánchez, las autoridades españolas llevan más de dos décadas dando dinero del contribuyente, equipamiento, entrenamiento e inteligencia a una amplia lista de regímenes africanos para que repriman los flujos migratorios.
Para llevar a cabo esta práctica, España utiliza una agencia de cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores: la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas, más conocida como FIAP, y que cambió su nombre después de varias investigaciones de porCausa que destaparon su lado más oscuro.
Patrocinar a gobiernos autoritarios para que detengan a las personas migrantes tiene múltiples consecuencias en las que destacan tres ingredientes: corrupción, caos y violación de derechos humanos. ¿Por qué es tan preocupante la externalización de fronteras?
Flaco favor a la democracia
Tras la Guerra Civil, la represión franquista y el hambre empujaron a cientos de miles de españoles a emigrar con lo puesto en busca de una oportunidad. Nuestro imaginario colectivo olvida las imágenes de aquella época: polizones harapientos de Canarios y Galicia escondidos entre harapos en barcos con destino a Venezuela y Argentina, extremeños y andaluces con maletas de cartón cruzando los Pirineos a pie… ¿Y si Francia, Suiza o los países de América Latina hubieran regalado vehículos blindados, equipos antidisturbios y dinero a Franco para que sus agentes cazaran a las familias españolas que huían de la miseria y la persecución política?
Es exactamente lo que España y la Comisión Europea están haciendo en el continente africano con las políticas de externalización de fronteras. Actualmente los principales receptores de los ‘regalos antimigratorios’ del Gobierno español son dictaduras: Marruecos, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger… Los y las periodistas africanos que colaboran con porCausa para destapar todo esto se juegan la vida. En estos países el periodismo es una profesión de alto riesgo.
El problema no acaba ahí. La externalización de fronteras pone en riesgo incluso a algunas de las democracias más sólidas de África. Un caso ilustrativo es el de Senegal, cuando el presidente Macky Sall decidió no convocar elecciones. La sociedad, y en especial sus jóvenes, salieron a la calle y protestaron pacíficamente para defender su democracia. Las fuerzas senegalesas reprimieron sin contemplación empleando, entre otros, los blindados URO Vamtac que el gobierno de España lleva años regalándoles con el pretexto de controlar las fronteras y frenar la salida de cayucos hacia Canarias. La represión se cobró más de 60 vidas. Estos hechos fueron desvelados en una investigación de porCausa y Al Jazeera. El Parlamento Europeo reaccionó al escándalo y la Comisión Europea abrió una investigación. Meses después, la cerró alegando que Senegal es un país soberano. Nadie en Senegal ni en Europa ha rendido cuentas por estas muertes ante la Justicia.
Masacres patrocinadas por España y la UE
La gendarmería de Mauritania detiene a personas de forma arbitraria por el hecho de ser negras. Las denomina “aspirantes a la emigración”. Después les quita sus pertenencias –teléfonos, dinero…–, las encarcela en condiciones infrahumanas –sin agua, comida ni baño– y, por último, las abandona en zonas remotas del desierto. Las fuerzas mauritanas llevan a cabo estas operaciones usando información, vehículos, dispositivos tecnológicos, uniformes y dinero suministrado por España y la Unión Europea. Desgranamos las pruebas en esta investigación internacional.
En los países europeos rige el Estado de derecho, un sistema en el que todos los poderes públicos y la ciudadanía están sometidos a la ley y existen garantías para su aplicación. Las democracias europeas no son perfectas, pero este concepto marca la diferencia frente a regímenes dictatoriales. La externalización de fronteras permite diluir responsabilidades: existe, entre otras razones, porque en las autocracias no existe el Estado de derecho, sino la voluntad y deseo de quienes ostentan el poder.
En Derecho penal, en la comisión de un delito pueden intervenir distintos sujetos: autores materiales o intelectuales, y partícipes, como el cooperador necesario o el cómplice. En la externalización de fronteras, los gobiernos del norte patrocinan y los autócratas del sur ejecutan. La externalización de fronteras es un triángulo: un actor ‘arma’, otro ‘dispara’ y un tercero sufre o muere, pero no existe rendición de cuentas. Un caso ilustrativo y reciente es la masacre que tuvo lugar en la frontera de Nador y Melilla el 24 de junio de 2022. Aquel día tuvo lugar el episodio más mortífero registrado hasta la fecha en una frontera terrestre europea. No hay una cifra oficial de muertos. Organizaciones como Amnistía Internacional estiman que fueron más de 100. La mayoría eran chavales de Sudán que huían de la guerra. Al menos uno murió en suelo español. Se llamaba Anwar y tenía 27 años. Junto con varios medios internacionales, desde porCausa contribuimos a desvelar los entresijos de aquella masacre. Hechos, pruebas y testimonios disponibles en esta investigación.
Corrupción y caos, dos ingredientes clave
Instituciones débiles, impunidad, desigualdad, inestabilidad y precariedad. La corrupción es un mal endémico y global, pero brota con especial intensidad en los regímenes autocráticos a los que España y la Comisión Europea brindan dinero y equipamiento para reprimir a quienes migran sin alternativa segura. La externalización de fronteras aprovecha este punto débil y lo incrementa. Más allá de los discursos políticos –”desarrollo”, “democracia”, “derechos humanos”–, los hechos revelan que gobiernos democráticos como el de España priorizan tener socios obedientes y eficientes cuando se trata de frenar el movimiento de personas. La corrupción es un ingrediente indispensable en la externalización de fronteras. Es más fácil entenderlo a través del llamado ‘caso Mediador’ o viendo lo que hacía el comisario Abdel Fattah, jefe de la lucha contra la inmigración irregular de Mauritania que recibía los ‘regalos antimigratorios’ de España hasta que un día publicamos esta investigación.
La otra cara de la moneda es el caos, a la vez causa y consecuencia de la externalización de fronteras. Un caso ilustrativo tiene lugar en Mali, que en la historia llegó a ser el centro mundial del conocimiento y uno de los imperios más ricos. Durante más de una década el Gobierno español ha regalado al Gobierno maliense drones, dinero, vehículos blindados y tecnología punta. Tras varios golpes de Estado, Mali está gobernada por una junta militar que recibe apoyo de los mercenarios rusos de Africa Korps, antes conocida como Grupo Wagner. El caso maliense es ilustrativo porque tanto esos mercenarios rusos como los yihadistas de JNIM, filial de Al Qaeda en el Sahel, han tomado control de buena parte de los ‘regalos antimigratorios’ de España. Ahora ese equipamiento no se usa para reprimir a quienes tratan de huir, sino que son empleados en ataques a aldeas y ciudades, atentados y otros episodios que generan miles de desplazamientos forzosos. Esta información procede de fuentes de inteligencia. Puedes leer más aquí. No es fácil, pero seguimos investigando.
Chantaje migratorio: pan para hoy, hambre para mañana
A finales de junio de 2022, apenas cinco días después de la masacre de Melilla, Madrid acogió la Cumbre de la OTAN. No fue una cita cualquiera: esta cita definió el ‘Concepto Estratégico’ de la Alianza Atlántica, es decir, la hoja de ruta de la unión militar más poderosa del planeta. España y otros países presionaron con éxito para incorporar a este acuerdo una idea pionera: la instrumentalización de los flujos migratorios como amenaza híbrida.
¿Qué tiene que ver eso con la externalización de fronteras? La extrema derecha saca rédito del miedo al extranjero y los partidos moderados temen perder votantes si son percibidos como “laxos” ante la llegada de migrantes. Varios regímenes han aprendido a capitalizar esa situación.
En 2015 el gobierno de Turquía descubrió que la cuestión migratoria es extremadamente radioactiva y tóxica en los debates públicos europeos. Las autoridades turcas empezaron a pedir grandes sumas de dinero y apoyo diplomático para cuestiones diversas a cambio de impedir que los sirios, afganos o iraquíes alcanzaran las costas griegas. El cierre de esa ruta migratoria dio paso a una nueva ruta migratoria, esta vez en el Mediterráneo central. Libia y Túnez siguieron el ejemplo turco: a cambio de dinero, equipamiento y apoyo, reprimieron –incluso disparando en mitad del mar– a los migrantes que aspiraban a llegar a la isla italiana de Lampedusa. La ruta se desvió hacia el Mediterráneo occidental (Estrecho de Gibraltar, Ceuta, Melilla) y Marruecos aplicó la misma dinámica. En la masacre de Melilla quedó patente que, cuando España accede a sus exigencias, las fuerzas marroquíes no tienen compasión para reprimir e incluso matar. Ahora es Mauritania la que ha decidido jugar al “chantaje migratorio”. Un bucle sin fin.
Neolengua para ocultar un negocio cruel
La externalización de fronteras que promueven España y la Unión Europea va ligada a la violación de derechos humanos en diversos países del continente africano. La opacidad de las autoridades españolas y europeas –contratos confidenciales, acuerdos secretos…– hacen difícil destapar qué empresas y personas hacen negocio con esta práctica.
A esta limitación se suman los peligros de informar desde autocracias que encarcelan y torturan a periodistas. Esta opacidad impide que la ciudadanía conozca las consecuencias de subcontratar el control fronterizo en gobiernos terceros. Las investigaciones sobre este asunto salen a cuentagotas que dan lugar a escándalos en la opinión pública del norte global. Ante esto, las instituciones que financian y apoyan la externalización de fronteras han desarrollado un amplio léxico de eufemismos para suavizar una práctica controvertida, ineficiente –a pesar de todo, la gente sigue migrando– y desestabilizadora.
Algunos ejemplos:
- Al abordar la externalización de fronteras, las autoridades españolas y europeas hablan constantemente de la “gestión de flujos migratorios”. Los hechos tras esa fórmula revelan que no hay gestión, sino mera represión de los flujos migratorios.
- Los discursos públicos también ensalzan la «cooperación en seguridad y contra las mafias que trafican con personas». En realidad, esa relación entre gobiernos no se basa en una “cooperación” entre iguales, sino en una transacción por la cual una parte subcontrata a la otra. Algunas voces expertas usan el término neocolonialismo para referirse, por ejemplo, a la presencia de agentes de la Policía Nacional o la Guardia Civil españolas en países como Senegal, Mauritania, Gambia o Níger. Otras fuentes expertas denuncian que usar agencias de cooperación públicas, como la FIAP española, para externalizar el control de fronteras daña el nombre de cientos de organizaciones que sí colaboran y cooperan por el desarrollo y bienestar de sociedades empobrecidas en el continente africano y más allá.
- Centros de Acogida Temporal de Extranjeros en territorio africano: España ha puesto en marcha dos cárceles de migrantes en Mauritania con financiación europea. Los detalles forman parte de esta exclusiva de porCausa en colaboración con El Salto. Se trata de espacios en los que personas que no han cometido ningún delito –incluidos bebés– son privadas de libertad, una realidad que coincide con la definición que ofrece la RAE para el concepto ‘cárcel’ en su primera acepción: “Lugar destinado a reclusión de presos”. Otras autoridades, como el gobierno de Italia o Frontex, usan eufemismos parecidos para referirse a las cárceles de migrantes en países como Libia, Túnez, Níger, Marruecos e incluso Albania.
- País seguro: El Pacto europeo de Migración y Asilo ofrece una lista de países considerados “seguros” para las personas migrantes. El catálogo podría estar inspirado en la parte baja de los rankings de Amnistía Internacional o Human Rights Watch en materia de derechos humanos: oficialmente Europa ya considera “país seguro” a países donde se violan sistemáticamente los derechos humanos, entre ellos Marruecos, Túnez o Egipto.
