Sofia Cánovas Pereda ha trabajado durante más de 10 años en derechos humanos y respuesta humanitaria internacional en escenarios de emergencia en distintas agencias de la ONU. Ha pasado por Haití, Mali o Cox’s Bazar, en Bangladesh, el mayor complejo de campos de refugiados del mundo, cordinando en programas de UNICEF en 17 países y llegando a ser nombrada coordinadora de derechos de las víctimas de explotación y abuso sexual en Ucrania. Cánovas, que está acostumbrada a los entornos muy difíciles, está traumatizada por lo que vio y vivió en Ceuta.
El 18 de septiembre llegó por primera vez a Ceuta. No representaba allí a la ONU ni a ninguna organización. Quería observar lo que estaba ocurriendo y poner su experiencia al servicio de una ciudad que, casi dos meses después de la entrada de más de 80.000 personas desde Marruecos a finales de julio, seguía sumida en una grave crisis humanitaria. Lo primero que sorprendió a Cánovas fue algo que conoce bien de otras emergencias: la ausencia de una estructura clara para coordinar la respuesta.
“Ceuta necesita urgentemente una respuesta humanitaria multisectorial. Dos meses después no hay un mapeo de quién hace qué”, explica. Para Cánovas, esa carencia ayuda a entender muchos de los problemas posteriores. En una emergencia de esta magnitud, sostiene, debería existir desde el principio una evaluación conjunta de necesidades y una coordinación multisectorial que permita saber cuántas personas necesitan asistencia, dónde están, quién las atiende y qué recursos faltan. Es una práctica habitual en las grandes respuestas humanitarias. Naciones Unidas contempla precisamente evaluaciones interagencia rápidas para establecer las necesidades, vulnerabilidades y capacidades disponibles durante las primeras fases de una emergencia.
Cánovas encontró en Ceuta algo muy distinto. La primera noche caminó por la playa de Benítez hasta la zona de El Trampolín donde acampan miles de migrantes. Vio tiendas y asentamientos improvisados, malas condiciones higiénicas y muy pocas mujeres. Al día siguiente visitó un asentamiento informal donde, según los datos que recabó, vivían 227 mujeres y 73 menores. Había apenas tres cuartos de baños, uno de ellos inutilizado, y ninguna ducha. Los estándares internacionales estipulan un baño por cada 20 personas. Para lavarse utilizaban una manguera al aire libre. Dormían sobre colchones en el suelo. Esta veterana de las emergencias humanitarias afirma que incluso en entornos más desfavorecidos, como los campamentos de refugiados en Lesbos (Grecia), no se dan condiciones infrahumanas de este calibre.
A Cánovas todavía le cuesta entender la distancia entre lo que vio en Ceuta y y los estándares que vio en otras emergencias. “Todo esto tiene que ver también con que no los han dejado ir a península. ¿En base a qué? Esos traslados son legales”, afirma. El Ministerio de Juventud e Infancia denuncia que las autoridades ceutíes han dejado de colaborar e impiden el traslado de menores a la península para aliviar la situación de colapso en la ciudad y garantizar un trato digno a las niñas y niños varados allí. Cánovas explica que no basta con encontrar un espacio donde alojar a cientos de personas. Una respuesta debe diferenciar necesidades: una mujer embarazada no requiere lo mismo que un adolescente solo; una mujer que está menstruando necesita intimidad, instalaciones adecuadas y productos básicos; un menor necesita mecanismos específicos de protección. También hacen falta espacios seguros para cambiarse, puntos de agua, información comprensible y servicios accesibles. Y, sobre todo, alguien debe saber qué necesita cada persona y poder derivarla.
“Debería haber un ‘case manager’ multisectorial”, resume, es decir, alguien capaz de detectar que una persona necesita asistencia jurídica, otra atención médica y otra protección específica, y conectarlas con el recurso correspondiente. Uno de los conceptos que Cánovas repite con mayor frecuencia es ‘accountability to affected people’: la obligación de permitir que quienes reciben ayuda tengan voz en las decisiones que les afectan, reciban información y puedan denunciar problemas o abusos de forma segura. ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, considera estos mecanismos una parte esencial de cualquier respuesta de emergencia y recomienda establecer desde el inicio sistemas accesibles y confidenciales de información, quejas y respuesta. Dos meses después del cruce de miles de personas, Cánovas no identificó mecanismos de este tipo en Ceuta.
“Si la comida está caducada, si te han agredido o si tienes cualquier problema, tienes que poder decirlo. Tiene que haber ‘accountability’, rendición de cuentas de quienes prestan esos servicios”, resume.
Cánovas también cuestiona que la información disponible resulte realmente accesible para quienes necesitan utilizarla. Cita el ejemplo de una web habilitada por Cruz Roja, entidad a la que el gobierno ha subcontratado para tareas de asistencia a migrantes: está escrita en términos jurídicos, no está disponible en árabe y resulta incomprensible para, por ejemplo, un niño.
La alimentación es otro ejemplo de algo que debería mejorar. Cánovas estuvo durante la crisis migratoria de Lesbos y recuerda que, pese a sus enormes deficiencias, existían sistemas para repartir varias comidas al día, organizar colas y proporcionar alimentos calientes de forma digna. En Ceuta vio a cientos de personas esperando a última hora de la tarde, sin organización de ningún tipo, rodeados de policías armados. Estas personas reciben una comida al día compuesta de una botella de agua, un plátano, un bollo y dos yogures, con los que no se alcanzan los estándares internacionales de 2.100 kilocalorías diarias.
“He visto mucha deshumanización”, afirma Cánovas. Cree que un escenario como el que vive Ceuta requiere empezar por algo aparentemente sencillo: ordenar la respuesta. Crear inmediatamente un mecanismo multisectorial de coordinación política y técnica que reúna administraciones, organizaciones sociales y actores especializados; determinar quién hace qué; identificar lagunas y duplicidades; y escuchar también a las propias personas migrantes. Ese principio no es únicamente una reivindicación de Cánovas. ACNUR establece que las prioridades y opiniones de las poblaciones desplazadas deben incorporarse a las decisiones de una respuesta humanitaria. En Ceuta suceden cosas impropias de un país como España. Ha habido casos extremos. Por ejemplo, algunos periodistas accedieron a testimonios de niñas que habrían sido enviadas al centro de menores de Los Rosales a cambio de tener relaciones sexuales
Ceuta ya vivió otra crisis alentada por Rabat en mayo de 2021, según documentos secretos del CNI a los que tuvo acceso porCausa. Si la ciudad autónoma viviera otro episodio como la que tuvo lugar a finales de julio, Cánovas empezaría con una evaluación multisectorial inmediata. Después identificaría a las personas y sus vulnerabilidades, priorizaría a los menores no acompañados y otros perfiles especialmente expuestos, y aceleraría la tramitación de las solicitudes de protección internacional. Todo ello sin esperar a que esos procedimientos administrativos concluyeran para, en paralelo, proporcionar comida, alojamiento, higiene y atención médica desde el primer minuto. La dignidad del trato a personas vulnerables es un reflejo claro del nivel político de un país y la fuerza del Estado.
La coordinación, insiste, evita además situaciones absurdas. En Lesbos llegó a encontrar a una matrona atendiendo a embarazadas en tiendas mientras, en otro lugar cercano, había habitaciones medicalizadas disponibles. El recurso existía; quienes lo necesitaban y quienes lo gestionaban simplemente no estaban conectados. “Creo que en Ceuta uno de los problemas es que unos no se hablan con otros”, dice Cánovas.
El gobierno de Ceuta y la Administración Central aseguran haber multiplicado las plazas de acogida disponibles desde las aproximadamente 500 existentes antes de la crisis. También afirman haber movilizado nuevos recursos e infraestructuras. A mediados de septiembre contabilizaba 4.160 personas en plazas temporales. El baile de cifras sigue activo dos meses después del inicio de esta crisis. Para Cánovas, sin embargo, aumentar la capacidad física no resuelve por sí solo una emergencia si no existe alrededor una arquitectura de protección, coordinación e información.
Esta experta considera que todavía hay margen para corregir parte de los errores. Sugiere que un organismo con experiencia, como ACNUR, podría desempeñar un papel de coordinación o asesoramiento si las autoridades españolas lo solicitaran. Otra lógica en la que podrían inspirarse las autoridades españolas para aliviar la situación en Ceuta es la del sistema del Comité Permanente entre Organismos de la ONU (IASC, por sus siglas en inglés), que coordina distintas agencias y organizaciones humanitarias. De esta forma la ONU da una respuesta conjunta ante emergencias humanitarias y reparte responsabilidades por sectores o ‘clústers’: alojamiento, salud, agua y saneamiento, alimentación, educación… «El objetivo es simple: que nadie quede sin atender y que todos sepan quién hace qué. ¿Y en España?”, asegura. «Un país con capacidad, como España, puede aplicar la misma lógica bajo liderazgo de las administraciones españolas: mesas por sector, un responsable para cada una y estándares comunes», concluye.
La estancia de Cánovas en Ceuta terminó antes de lo previsto. En la tarde del 20 de septiembre estaba en un coche con la diputada ceutí Julia Ferreras y el activista Rafael Borrego. Se dirigían hacia un centro de acogida cuando decenas de manifestantes atacaron el vehículo con piedras y huevos ante la respuesta ineficiente de varios agentes de la Policía Nacional. Los atacantes rompieron cristales del vehículo e intentaron abrir una de las puertas. Un agente de policía acabó poniéndose al volante para sacar el coche de la multitud. El episodio también fue documentado por Amnistía Internacional en un informe que denuncia condiciones de acogida “indignas” y graves agresiones contra migrantes por parte de militares y fuerzas de seguridad españolas, en línea con las denuncias que desde los primeros días ha publicado el colectivo Border Resistance.
Cánovas, que ha trabajado en algunos de los escenarios más difíciles del mundo, abandonó Ceuta conmocionada. “Es mi país. Yo quería aportar con mi experiencia y estoy rota con lo que vi”. Pero incluso después de marcharse insiste en que la crisis no está cerrada. Dos meses después, dice, la cuestión fundamental no es únicamente cómo reaccionó Ceuta el 30 de julio, sino qué se está dispuesto a cambiar antes de que vuelva a suceder. “Ceuta necesita coordinación entre distintos niveles. A estas alturas, la coordinación tiene que ser política y técnica”, concluye.
