A finales de enero de 2026, el Gobierno anunciaba la regularización extraordinaria de personas migrantes en situación administrativa irregular en España, la primera en 20 años. Una medida esperada y necesaria. De las más de 500.000 personas que se verán favorecidas por la norma, más de la mitad, el 58%, son mujeres.
Muchas de esas mujeres se levantan antes que nadie para sostener los cuidados que todas necesitamos. Son las que están ahí, cada día, sosteniendo la vida de otras familias mientras la suya permanece en la distancia y la precariedad. Mujeres migrantes que viven en un país que las necesita pero que no las cuida y actúa como si no existieran.
Esto no es casual, responde a un patrón estructural: el sistema limita sus opciones laborales, las discrimina y empuja para poder sobrevivir a ocupar mayoritariamente empleos en el sector de los cuidados, el trabajo del hogar, la hostelería o la agricultura. Sectores esenciales, imprescindibles, que sostienen el Estado del bienestar y hacen posible que millones de familias funcionen. Pero que sin embargo, son sectores marcados por la precariedad, la informalidad y una regulación laboral injusta que históricamente las ha dejado fuera de las protecciones que sí tienen otros trabajadores y trabajadoras en España.
El trabajo del hogar es quizás el ejemplo más claro. Se desarrolla en el ámbito privado, lejos de cualquier inspección, bajo una regulación diferente al resto de sectores y con coberturas sociales todavía muy insuficientes. En ese contexto, las trabajadoras internas, aquellas que viven en el domicilio donde trabajan, son especialmente vulnerables. Trabajan en jornadas que superan por mucho las 12h diarias, dependen económica y residencialmente de sus empleadores y cuentan con muy pocas herramientas que la protejan. Los datos sobre abusos en este colectivo son alarmantes: una proporción altísima sufre situaciones de explotación laboral y, en muchos casos, violencia grave, incluida violencia sexual.
La irregularidad lo empeora todo y facilita los abusos. Sin documentación, estas mujeres no pueden denunciar. No porque no quieran o lo necesiten, sino porque hacerlo puede costarles la expulsión del país. El miedo a perder el trabajo, la vivienda y el proyecto de vida que han construido con tanto esfuerzo las condena al silencio. Y ese silencio es funcional para quienes las explotan y violentan. La irregularidad no es solo una situación administrativa: es una herramienta de control que perpetúa la violencia y la desprotección de una parte importante de la población.
Además esto no les afecta solo a ellas. La situación de vulnerabilidad a la que se ven abocadas las madres afecta a los más de 150.000 niñas y niños en situación administrativa irregular que viven con sus familias aquí, según el Informe Crecer sin Papeles (2021). Suelen ser sus madres quienes -cuando pueden- viajan con ellos, cargando en solitario con una familia entera mientras intentan salir adelante. Una infancia sin acceso garantizado a becas, ayudas de comedor, vivienda digna o atención médica continuada. No es su culpa, son niñas y niños, y su bienestar es responsabilidad de todas.
La regularización extraordinaria es un paso necesario y urgente. Con documentación, estas mujeres pueden ejercer derechos básicos, denunciar los abusos que sufren y acceder a los recursos que les corresponden. Pero además de la protección, la regularización abre un camino igual de importante: la posibilidad de elegir. Elegir con algo más de libertad a qué dedicarse, en qué condiciones trabajar, qué proyecto de vida construir. Dejar de aceptar lo que hay porque no se les deja otra opción e intentar desarrollar sus carreras profesionales y vitales con la misma autonomía que cualquier otra mujer en España.
Regularizar no es un favor ni una concesión. Es reconocer una realidad que ya existe. Una medida de mínimos para asegurar los derechos básicos a los que cualquier persona debe tener acceso. Es admitir que estas mujeres llevan años sosteniendo el Estado del bienestar desde los márgenes, sin derechos, sin protección y sin reconocimiento. Es hacer lo mínimo que una sociedad decente debería hacer.
