Tienen entre 16 y 17 años, viajan solos y la ley les garantiza protección. En la práctica, esa protección tiene casi siempre la misma forma: un centro de menores frente a la opción de acogida familiar.
El 99 % de los menores migrantes no acompañados que llegan a España acaba en un dispositivo residencial. En Andalucía, en 2020, fueron 1.379 niños en centros frente a 41 en hogares. En Madrid, ese mismo año, solo cuatro menores migrantes vivían con una familia.
La paradoja es que el marco legal no deja lugar a dudas. La Convención sobre los Derechos del Niño, la legislación europea y la normativa estatal y autonómica coinciden: el acogimiento familiar debe ser prioritario. El interés superior del menor lo exige pero en la realidad este interés no se respeta.
Este informe de porCausa se pregunta por qué. Y parte del problema está entre la distancia que separa lo que dice la ley de lo que hace el sistema.
Una parte del problema es estructural. La tutela de estos menores recae sobre las comunidades autónomas, cada una con sus propios criterios y recursos, lo que genera un mapa desigual y fragmentado. A eso se suma la tensión permanente entre dos marcos legales que tiran en direcciones opuestas: las leyes de protección a la infancia, enfocadas en los niños, y las leyes de extranjería, sobre las personas migrantes.
Otra parte son los obstáculos que desincentivan a las familias: la edad avanzada de los menores, el idioma, la cultura o la religión, y unos trámites de regularización largos y opacos que nadie simplifica porque ninguna administración los prioriza.
Esa es quizás la conclusión más incómoda: no es que el sistema no funcione, es que nadie ha querido arreglarlo. El resultado son menores que llegan a los 18 sin papeles, sin red y sin salida, expulsados de golpe de un sistema que nunca los acogió del todo.
Son niños atravesados por tres vulnerabilidades a la vez: son menores, están solos y son migrantes. Para las niñas, el género actúa como agravante de todas ellas.
El informe completo recorre el marco jurídico europeo, estatal y autonómico, analiza los datos reales comunidad por comunidad y documenta las malas prácticas que el sistema sigue reproduciendo. Una radiografía de una contradicción que lleva demasiado tiempo sin respuesta.
Accede al informe completo aquí: https://porcausa.org/wp-content/uploads/2021/06/Informe-FAB_porCausa2021.pdf
