Tienen entre 16 y 17 años, viajan solos y la ley les garantiza protección. En la práctica, esa protección tiene casi siempre la misma forma: un centro de menores frente a la opción de acogida familiar.
El 99 % de los menores migrantes no acompañados que llegan a España acaba en un dispositivo residencial. En Andalucía, en 2020, fueron 1.379 niños en centros frente a 41 en hogares. En Madrid, ese mismo año, solo cuatro menores migrantes vivían con una familia.
La paradoja es que el marco legal no deja lugar a dudas. La Convención sobre los Derechos del Niño, la legislación europea y la normativa estatal y autonómica coinciden: el acogimiento familiar debe ser prioritario. El interés superior del menor lo exige pero en la realidad este interés no se respeta.
Este informe de porCausa se pregunta por qué. Y parte del problema está entre la distancia que separa lo que dice la ley de lo que hace el sistema.
Una parte del problema es estructural. La tutela de estos menores recae sobre las comunidades autónomas, cada una con sus propios criterios y recursos, lo que genera un mapa desigual y fragmentado. A eso se suma la tensión permanente entre dos marcos legales que tiran en direcciones opuestas: las leyes de protección a la infancia, enfocadas en los niños, y las leyes de extranjería, sobre las personas migrantes.
Otra parte son los obstáculos que desincentivan a las familias: la edad avanzada de los menores, el idioma, la cultura o la religión, y unos trámites de regularización largos y opacos que nadie simplifica porque ninguna administración los prioriza.
Esa es quizás la conclusión más incómoda: no es que el sistema no funcione, es que nadie ha querido arreglarlo. El resultado son menores que llegan a los 18 sin papeles, sin red y sin salida, expulsados de golpe de un sistema que nunca los acogió del todo.
Los centros de acogida de menores migrantes
Cuando un niño o una niña llega a España sin su familia, la comunidad autónoma donde se encuentra asume su tutela. Casi siempre, eso significa un centro de acogida: un centro de primera acogida mientras se le identifica y se valora su situación, y después un centro residencial, un piso tutelado o un recurso especializado. La acogida familiar, que la ley prioriza, es la excepción. Según el Observatorio de la Infancia, de las 4.762 medidas de protección adoptadas en 2021 para menores extranjeros no acompañados, 4.653 fueron acogimientos residenciales y solo 109, familiares.
El sistema depende de dónde llegan los menores. Canarias, Ceuta y Melilla acogen a muchos más de los que pueden atender, y sus centros llevan años saturados. Para repartir la responsabilidad, en 2025 se reformó el artículo 35 de la Ley de Extranjería y el Real Decreto 658/2025 reguló la «contingencia migratoria extraordinaria»: cuando una comunidad la declara, los menores pueden ser trasladados a centros de otras comunidades, que asumen su tutela. A 13 de enero de 2026, según el Gobierno, 803 menores habían sido reubicados desde Canarias, Ceuta y Melilla.
Un buen centro puede proteger, pero no sustituye a una familia ni a una red. Cuantos más menores hay en un centro y más tiempo pasan en él, más difícil es acompañar a cada uno. Y al cumplir los 18 muchos salen sin papeles, sin vivienda y sin apoyo: lo contamos en Menores abandonados cuando cumplen 18 años y en Jóvenes extutelados y la transición a la vida adulta.
Son niños atravesados por tres vulnerabilidades a la vez: son menores, están solos y son migrantes. Para las niñas, el género actúa como agravante de todas ellas.
El informe completo recorre el marco jurídico europeo, estatal y autonómico, analiza los datos reales comunidad por comunidad y documenta las malas prácticas que el sistema sigue reproduciendo. Una radiografía de una contradicción que lleva demasiado tiempo sin respuesta.
Accede al informe completo aquí:
También te puede interesar: Familias para la infancia migrante: acogida familiar en España · Crecer sin Papeles · ¿Qué ocurre cuando el Estado delega el sistema de acogida en organizaciones privadas? · La Purísima de Melilla: un centro con casi 700 niños · Menores abandonados cuando cumplen 18 años





