Miles de personas arriesgan su vida intentando cruzar el Mediterráneo o el Atlántico ante la falta de alternativas seguras para migrar. Esta es la consecuencia más visible de las políticas antimigratorias de España y Europa. La otra cara de la moneda es menos conocida: un grupo de poderosas multinacionales hacen negocio con el gasto público destinado a subcontratar a regímenes terceros para combatir los flujos migratorios, militar las fronteras, y encarcelar a migrantes y deportarlos.
Constructoras, aerolíneas, empresas armamentísticas, proveedores de servicios… Tras analizar casi 3.000 contratos públicos y cerca de 1.000 millones de euros en gasto del Estado destinado a control migratorio, logramos identificar a las empresas más destacadas de la Industria del Control Migratorio española.
Entre las beneficiarias del negocio antimigratorio destacan empresas como Air Europa, EULEN, El Corte Inglés, Thales, Telefónica, el Grupo ACS de Florentino Pérez, o Indra, adjudicataria de al menos 58 grandes contratos, 45 de ellos sin concurso público. Estos son solo dos ejemplos de un ecosistema empresarial que abarca desde la gestión de radares para detectar cayucos (SIVE) hasta el suministro de comida en centros de internamiento de extranjeros, pasando por los vuelos de deportación o el mantenimiento de las vallas de Ceuta y Melilla.
No solo revelamos quién gana con las políticas antimigratorias, sino cómo. Seis de cada diez contratos públicos analizados en esta investigación fueron adjudicados sin concurso público.
Junto con la arbitrariedad, la otra constante es la opacidad: los periodistas podemos visitar cárceles o cuarteles militares, pero no los centros de internamiento de extranjeros (CIEs). Tampoco tenemos acceso a cientos de contratos de ministerios que deberían rendir cuentas pero alegan razones de “seguridad nacional”. Gracias a fuentes humanas en cuerpos de seguridad, podemos desvelar el contenido de varios de esos contratos.
Entre los proveedores antimigratorios del Estado aparece incluso una tienda de material de caza localizada en Malta y cuyos directivos fueron investigados por violar el embargo sobre Libia.
‘Fronteras SA’ desvela la brecha entre los discursos políticos, a favor de los derechos humanos y la integración de personas extranjeras, y la realidad en el terreno. Esta investigación desvela el uso ilícito que diversos gobiernos africanos hacen con el material antimigratorio que España les suministra a través de una agencia de cooperación pública, la FIAP. Combinando periodismo de investigación, de datos y en la calle, este trabajo también revela que en España el Estado destina ocho de cada diez euros del gasto público en materia migratoria a blindar la frontera sur, a pesar de que ocho de cada diez migrantes en situación irregular proceden de América Latina y llegan al territorio español en avión.
Las empresas de la Industria del Control Migratorio encuentran en España un campo de pruebas para ensayar tecnologías y dispositivos de control fronterizo que posteriormente son exportados a medio mundo.
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